Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos

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Madrid, 22 de septiembre 2016. Algunos de los destinos turísticos más populares de Europa están impidiendo que los propietarios de viviendas las alquilen a los turistas porque han impuesto restricciones excesivas y a menudo contradictorias, según una denuncia presentada a la Comisión Europea por el sector del alquiler a corto plazo. Los ejemplos de las restricciones van desde una prohibición total a otras generadas por requisitos desproporcionados, como el número de perchas en armarios, la cantidad de vasos y toallas en los baños y la intensidad de las bombillas.

La queja, presentada por la Asociación Europea de Alquileres Vacacionales (European Holiday Home Association, EHHA, en inglés), la asociación que representa a propietarios, inquilinos y administradores, así como a las plataformas online, de alquiler a corto plazo, apunta a destinos populares como Barcelona, Berlín, Bruselas y París por las normas tan restrictivas que imponen, las cuales no son consistentes con la legislación de la UE. Sin embargo, estas reglas, impuestas en muchos destinos europeos, están afectando desproporcionadamente a las personas que simplemente quieren alquilar su vivienda para períodos cortos. La queja oficial ha sido presentada después varios meses de diálogo informal con la Comisión Europea.

La Asociación Europea de Alquileres Vacacionales advierte de que las autoridades de estas ciudades europeas corren el riesgo de asfixiar al sector de alquiler a corto plazo, así como que imponen multas excesivas a las plataformas online que conectan a los anfitriones y a los inquilinos. "El sector es el primero en dar la bienvenida a una regulación sensata para el sector de alquiler a corto plazo y la economía colaborativa", dice el secretario general de la Asociación Europea de Alquileres Vacacionales, Carlos Villaro Lassen. "Sin embargo, la economía colaborativa en Europa corre el riesgo de ser aplastada por una mezcolanza de regulación contradictoria y excesiva. Así como algunas de estas reglas pueden ser bienintencionadas y apropiadas para los grandes hoteles, son completamente desproporcionadas para las personas que simplemente alquilan su vivienda por unos días".

"Las restricciones vulneran la libertad fundamental de la UE para la creación de empresas y para proporcionar servicios en toda Europa, y es por eso que hemos decidido actuar y presentar esta queja", añade.

En Barcelona, las autoridades han extendido la potestad de las normas que rigen el sector turístico –originalmente diseñadas para regular la actividad profesional– directamente a la economía colaborativa, sin modificaciones. Los propietarios de viviendas que deseen alquilar su propiedad (se les prohíbe alquilar parte de la misma) deben cumplir con una larga lista de requisitos técnicos y de calidad. Incluso las infracciones menores, como no proporcionar hojas de reclamaciones, pueden resultar en multas de hasta 3.000 euros. Las infracciones graves pueden llevar a multas de hasta 600.000 euros.

Mientras que en Barcelona aquellos propietarios que poseen un permiso solamente pueden alquilar sus propiedades enteras, en Berlín ocurre lo contrario. Los berlineses que deseen alquilar más de un 50% de su vivienda deben obtener un permiso especial, que solamente se concederá si pueden demostrar que no tienen otra forma de llegar a fin de mes, o en ocasiones muy especiales y circunstancias casi imposibles. El incumplimiento puede resultar en una multa de hasta 100.000 euros.

En Bruselas, los particulares con una vivienda para alquilar se enfrentan a un proceso administrativo colosal –exactamente al que estarían sometidos si estuvieran regentando un hotel grande y caro. Los requisitos incluyen proporcionar un buen armario con al menos dos perchas por huésped; iluminación de la habitación fijada en 100 lux; una luz eléctrica de 200 lux encima del lavabo en el baño; y una taza o vaso por persona y una toalla de invitados. Las multas por incumplimiento son de entre 250 y 25.000 euros.

En París, los propietarios que deseen alquilar su espacio están obligados a hacer una "compensación" a la ciudad, un costoso y oneroso proceso que puede incluir la conversión de hasta el doble del área de bienes raíces comerciales en propiedad residencial de equivalente calidad a la que se alquila – en efecto, se prohíbe el alquiler de residencias secundarias.

Las plataformas online que comercializan el alquiler a corto plazo también se enfrentan a una serie de normas excesivas y contradictorias, junto con multas considerables en caso de incumplimiento. Esta práctica es contraria a la Directiva sobre Comercio Electrónico (e-Commerce Directive, en inglés) de la UE.

El sector de alquiler a corto plazo proporciona a los viajeros más opciones, precios competitivos y la oportunidad de experimentar lugares de manera nueva y emocionante. También proporciona beneficios significativos a los propietarios e inquilinos, incluyendo la gestión de su coste de vida e impulsando el emprendimiento. Las comunidades locales también se benefician del aumento del turismo y del consumo, impulsándose así el crecimiento, la inversión y el empleo.

Según un estudio de PhoCusWright, 45 millones de adultos europeos se han alojado en una vivienda de alquiler a corto plazo en los últimos dos años y el sector en Europa genera un volumen anual de 80.000 millones de euros. En Europa, los propietarios privados, gerentes de alquileres y plataformas online proporcionan una capacidad de 20 millones de camas para los turistas –el doble del número de plazas hoteleras tradicionales. El sector de alquiler a corto plazo es un componente clave del proyecto del Mercado Único Digital (Digital Single Market) de la Comisión Europea. Sin embargo, las normas restrictivas municipales afectan negativamente a la competitividad de los destinos turísticos europeos, y en particular a su capacidad para atraer a nuevos viajeros que buscan alquileres a corto plazo.

Según las directrices de la Comisión Europea sobre la economía colaborativa publicada el pasado mes junio, "la regulación aplicada a la economía colaborativa ha de ser justificada y proporcionada, y debería tener como objetivo aliviar a los operadores de carga reglamentaria innecesaria". Las directrices también advierten de que "un enfoque fragmentado de la economía colaborativa crea incertidumbre para los operadores tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los consumidores, y puede obstaculizar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento".

La queja de la Asociación Europea de Alquileres Vacacionales solicita que la Comisión Europea inicie los llamados “debates piloto” de la UE con los estados miembros pertinentes (Alemania, España, Bélgica y Francia) para alinear las problemáticas identificadas en las regulaciones de alquiler a corto plazo con la legislación de la UE de manera urgente.

La queja también subraya que algunos estados miembros no han notificado a la Comisión Europea sobre la existencia de regulaciones excesivas impuestas por las autoridades municipales, como les obliga la UE. A raíz de esta denuncia, la asociación supervisará de cerca las futuras leyes que regulan la economía colaborativa que incluyen leyes desproporcionadas.

Villaro Lassen concluye que "la UE debe intervenir para poner fin al innecesario mosaico de normas municipales contradictorias y restrictivas, y a la burocracia. Éstas corren el riesgo de estrangular a una parte vibrante y creciente de la economía de la UE. Las leyes existentes perjudican a los consumidores, propietarios e inquilinos, así como al sector del turismo. Son también contrarias a la legislación de la UE y el objetivo de la Comisión de crear un mercado único digital ".

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