Publicado el Martes, 09 Enero 2018

APTUR-Baleares, por medio de FEVITUR, presentó la denuncia ante la secretaría general de la Comisión Europea porque considera que la ley balear puede infringir la directiva europea de 2006 sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

El presidente de APTUR-Baleares, Joan Miralles, explicó en una rueda de prensa que la entidad ha decidido apelar a la UE ante la decepción que ha supuesto que el Gobierno central no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa balear, para lo que tenían de plazo hasta el 31 de octubre.

El coordinador de la comisión jurídica de APTUR-Baleares, Joan Carlos Moll, justificó la denuncia porque la modificación legal “perpetúa el modelo turístico actual, favorece siempre al sector hotelero y no da entrada al modelo alojativo novedoso del alquiler vacacional con lo que menoscaba el principio de la libertad de competencia y el libre mercado”.

Moll explicó que la denuncia se opone a determinados preceptos de la ley balear como que fije límites de plazas al alquiler vacacional y conceda “plena discrecionalidad” a los consells para establecer esos máximos en sus planeamientos.

También denuncian la nueva bolsa de plazas turísticas para alquiler porque puede provocar “la creación de un coto privado de caza” en el que solo los propietarios actuales con licencia o quienes accedan a ella cuando se lleve a cabo la zonificación, podrán ejercer esta actividad durante muchos años.

Moll explicó que la gestión de la bolsa hace que las plazas de alquiler no se reintegren a ella, de manera que se dan de baja definitiva y habrá un decrecimiento continuo en el tiempo. “Habrá gente que por generaciones no podrán acceder nunca al alquiler vacacional de sus viviendas heredadas, con las consecuencias que eso puede tener”, auguró.

Sobre la prohibición a cada propietario de comercializar más de tres viviendas turísticas, critican que es una restricción “inventada por el legislador” y que “por ejemplo, no existe en el sector hotelero”. También tildan de sinsentido la restricción al alquiler en edificaciones de menos de cinco años de antigüedad.

En cuanto a la necesidad de autorización por parte de las comunidades de vecinos en las viviendas plurifamiliares, Aptur cree que transgrede la Ley de Propiedad Horizontal que es de competencia estatal. También se oponen a requisitos como los contadores de luz individuales que “el legislador europeo no permite”.

ptur espera que la UE, en un plazo de dos años, realice recomendaciones al estado español y los gobiernos autonómicos sobre esta cuestión o incluso legisle para unificar y que en todo el espacio europeo haya “las mismas reglas del juego”.

Además, Aptur no descarta el recurso al Constitucional por medio de alguno de los procedimientos judiciales que se inicien por esta ley. La entidad anunció que estará pendiente de denegaciones de autorizaciones o sanciones, para plantear a los afectados que pidan a jueces o tribunales que lo eleven al alto tribunal.

La denuncia de FEVITUR ante la Comisión Europea supone una ampliación de la presentada anteriormente contra la ley balear de 2012. Además de dirigirse contra la ley balear que regula el alquiler, también se opone al decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado en febrero en Castilla y León.

Aptur espera que la UE, en un plazo de dos años, realice recomendaciones al estado español y los gobiernos autonómicos sobre esta cuestión o incluso legisle para unificar y que en todo el espacio europeo haya “las mismas reglas del juego”.

Además, Aptur no descarta el recurso al Constitucional por medio de alguno de los procedimientos judiciales que se inicien por esta ley. La entidad anunció que estará pendiente de denegaciones de autorizaciones o sanciones, para plantear a los afectados que pidan a jueces o tribunales que lo eleven al alto tribunal.

La denuncia de FEVITUR ante la Comisión Europea supone una ampliación de la presentada anteriormente contra la ley balear de 2012. Además de dirigirse contra la ley balear que regula el alquiler, también se opone al decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado en febrero en Castilla y León.

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